¿CUÁNTOS POLÍTICOS HAN SIDO CONDENADOS POR CORRUPCIÓN? ¿CUANTOS DE LOS CONDENADOS HAN ENTRADO EN PRISIÓN?

Vuelvo. Ha sido una interrupción larga pero inevitable. Estuve en Guatemala en un proyecto de Cooperación y después me he dedicado a escribir un libro que   se publicará en breve: “Porque las cosas pueden ser diferentes”. Espero que os guste, En muchos aspectos, y con mayor extensión, sus grandes bloques podrían de hecho considerarse entregas especiales del Blog.

 

La semana pasada estuve en Toledo. Comisiones Obreras de Castilla la Mancha me dio el premio “Abogados de  Atocha”.  El premio había sido establecido hace años por el Gobierno de  Castilla la Mancha. Sin embargo, al acceder  al gobierno el Partido  Popular lo dejo de convocar. El Instituto de Estudios Sociales de Comisiones Obreras, desafiando el incomprensible partidismo del actual gobierno, decidió volver a convocarlo. Es un premio que pretende reconocer  trayectorias de lucha por las libertades y por el reconocimiento de los derechos humanos.

 

Agradecí muchísimo el premio  aunque, como dije allí (y no lo hice por retórica alguna) seguramente había entre los asistentes otras personas que lo merecían igualmente o más que yo. En todo caso, fue una ocasión única para recordar la dramática  noche del 23 de Enero  de 1977, en que un grupo de fascistas asesinó, en nuestro despacho de la calle Atocha de Madrid, a  cinco compañeros y dejó gravemente heridos a otros. Aunque entre el público no había demasiada gente joven, sí  la suficiente para que mereciera la pena insistir en  que  aquel asesinato,   que sesgó la vida de aquellos cinco queridos  amigos, fue especialmente  terrible por eso. No  hay nada  tan  dramático como  matar a alguien, porque la vida es lo único realmente esencial que tenemos. Resulta entonces ante todo  necesario recordar  precisamente a todos y cada uno, Javier, Luis Javier, Ángel,  Serafín y Enrique, que  perdieron la vida en ese momento por la mera decisión de aquellos asesinos, o de quién les mandasen, de apretar los gatillos de sus armas homicidas. Hay que recordarles pues en vida, en su vida, que compartieron con nosotros.

 

Este asesinato se convirtió en un suceso histórico.  A juicio de muchos historiadores contribuyó a consolidar, por reacción, la Transición a la democracia. Su recuerdo sin embargo debe valer  para  resaltar no su  muerte,  absurda y trágica, sino sobre todo la vida  de todos ellos en lo que significó, en plena Dictadura, la creación y desarrollo de los despachos laboralistas.

 

Fueron muy importantes en sí mismos. Con cierta perspectiva, cabe pensar que su trascendencia fue mayor. Más allá de otras consideraciones, quizás ya hechas, los despachos laboralistas mostraron que la innovación cabe en lo jurídico. Cuando tan necesitados estamos aun hoy de antecedentes conviene resaltarlo. No podemos aceptar un Derecho, y una forma de  ejercerlo,  que limiten o dificulten el ejercicio de los derechos de las grandes mayorías. Ante ello, los despachos laboralistas de aquél momento significaron sin duda un referente.

 

Es necesario reinventar la justicia y ello implica también reinventar la abogacía. La  creación de los despachos laboralistas, a mediados de los  60 del siglo pasado, fue un gr

 

an invento. Una importante creación de todo aquel grupo de colegas que, además, éramos tan amigos. Fuimos verdaderos emprendedores sociales. Así lo creo y lo explico en el libro.

 

Ahora vayamos con el tema del día.

 En Toledo, y al hilo del premio, me abordó una periodista. Era muy joven y muy amable. Después de recordarme que, según los resultados del último barómetro del CIS, el paro y la corrupción son los dos problemas  que más preocupan a los españoles, me preguntó  si era verdad eso de que a los políticos corruptos finalmente no se les condenaba nunca y que,  si finalmente  se  les condenaba,  no llegaban a entrar en la cárcel.

 

Traté de explicar cómo pude que eso no era exactamente así, pero reconozco que, desgraciadamente, no pude dar a la periodista que me preguntaba la explicación que me hubiera gustado. Ni sabemos cuántos políticos han sido   acusados por delitos de corrupción,  ni cuantos fueron de entre aquellos  declarados culpables  ni a que penas fueron condenados, ni cuántos de estos han entrado  en prisión.

 

Aunque parezca realmente incomprensible, somos un país en el que  lo público  no se evalúa: no  se sigue, no se mide  y por tanto no  se analiza. Y  si esto es así en general más  aun en  todo lo  que se relaciona   con el mundo del derecho.

 

Ya he hablado de esta cuestión en anteriores entregas del Blog. Me refiero al seguimiento y evaluación del resultado e incidencia de las leyes, de las “Normas” en general. Reinventar la justicia implica entre otras cosas   redactarlas a partir de análisis de datos reales. Las leyes tienen que ser útiles para  los ciudadanos  y no hay otra manera de saber  si los legisladores aciertan con las leyes que evaluar su resultado y sus efectos, directos e indirectos, pretendidos o no. Y esto, ni se hace ni se considera necesario hacerlo, que es aún peor.

 

 

En el Parlamento español no existe ningún gabinete encargado de evaluar las normas  que  se elaboran. Ni al gobierno, ni al parlamento les interesa conocer    la observancia de las normas  y mucho menos  la eficacia de las mismas.  Es decir, no interesa a las instituciones encargadas de legislar el nivel de cumplimiento de las leyes y el efecto que las mismas produzcan en la sociedad.  Así nos va.

 Indigna que se elaboren  leyes  para remediar, al menos aparentemente,  un problema social  grave, como es el de  la corrupción y que  nadie  haga análisis ni evaluación de ningún  tipo, ni previamente ni tras la promulgación de la ley.

 

Esta falta de interés no  solo atañe a  los políticos sino  también a los   periodistas, quienes parece que tendrían que estar interesados en saber efectivamente qué es lo que sucede con todo esto y muy especialmente con los procesos que se abren y de los que ellos informan, y a veces  muy bien y con mucho detalle, en los que se imputa a determinados políticos   delitos de corrupción.

 En nuestra sociedad,  y en el área de justicia muy especialmente, tenemos una transparencia cercana al cero y un acceso minado a datos.  El Consejo General del Poder Judicial no ofrezca ninguna base de datos, abierta a los ciudadanos, para que se pudiera conocer  el resultado de los procesos  incoados por delitos de corrupción.

 

¿Cuántos procedimientos se abrieron por delitos de corrupción, cuantos se sobreseyeron, cuantos continuaron y, finalmente, cuantas  absoluciones y  condenas hubo? ¿ cuales fueron esas condenas? No hay respuesta, ni nadie se ha planteado darla.

 

Todos estos  datos   están  efectivamente en las redes judiciales, en los libros de sentencias y en los programas informáticos de entrada de los asuntos judiciales. Además,  la práctica  totalidad  de las  sentencias judiciales, por lo menos  de  las de las audiencias provinciales y muchas de los juzgados penales, están listas a ser analizadas. El Consejo, eso sí,  los archiva. Los controla un organismo potencialmente muy interesante, que depende del propio Consejo General del Poder Judicial. Está en Guipúzcoa y se denomina el CENDOC.

 

Este centro, que podría potencialmente facilitar el acceso a esas bases  de datos, ni tiene

 

la tarea de prepararlos para ello,  ni los   ofrece de forma genérica al público. Estos se encauzan a las editoriales, las que se encargan de la comercialización de las bases de datos de sentencias judiciales.

 

 

El Consejo General del Poder Judicial mantuvo hasta aproximadamente el año 2000 un acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), que éste rompió a la vista de la informalidad del Consejo. El INE publica unos datos bastante completos respecto al número de personas condenadas por sentencias penales. Pero, como los datos que el INE  utiliza para elaborar esas cifras son los del Registro de Penados del Ministerio de Justicia, ni se identifica el delito con la necesaria claridad (se emplean para su clasificación los Títulos del Código Penal)  ni tienen vinculación directa con las fechas que se analizan. La llegada al Registro de las certificaciones de condena depende de la mayor (o menor) celeridad con la que actúen para dicha remisión los juzgados y tribunales y no con los periodos temporales a los que se refieren las estadísticas.

 

Tampoco la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ofrece datos de las personas  presas condenadas por delitos de corrupción. Seguramente los habrá, pero los mismos no están en abierto ni hay forma clara de conseguirlos.

Esa falta de datos se produce aunque haya  ya muchas leyes contra la corrupción. Parece que el Presidente del Gobierno  anuncia otra vez en 2014 nuevos proyectos legislativos de leyes encaminadas a combatir la corrupción. No,  no es sensato  que  nuestros políticos empleen su energía en proponer la confección de nuevas leyes, cuando no tenemos ni idea del resultado que han producido las que ya están en vigor

 

No sé cuántas de las personas que puedan leer estos comentarios sabrán que, el 31 de  octubre del 2003, se aprobó en Nueva York la Convención  de la ONU contra la corrupción

Dos años después, en16 de  septiembre 2005, esa Convención  fue ratificada por España.   La ratificación fue publicada en el BOE  en 19 de julio del 2006. Se convertía entonces en legislación española.

 

Está bien leerla, aunque su lectura no pueda producir otra cosa que indignación. ¿Cómo es posible que España, que ratificó aquella Convención, no haya realizado nada de lo que ésta establece para ponerla en práctica?

 

Transcribo lo que dice en su artículo 5:

 

 Artículo 5. Políticas y prácticas de prevención de la corrupción.

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios

fundamentales de su ordenamiento jurídico, formulará

 

y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas

y eficaces contra la corrupción, que promuevan la participación

de la sociedad y reflejen los principios del imperio

 

de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los

bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación

de rendir cuentas.

2. Cada Estado Parte procurará establecer y fomentar

prácticas eficaces encaminadas a prevenir la corrupción.

3. Cada Estado Parte procurará evaluar periódicamente

los instrumentos jurídicos y las medidas administrativas

pertinentes a fin de determinar si son adecuados.

 

 

 

Pongámonos un objetivo. Propugnemos  que  se establezca, en el seno del Parlamento Español, un Observatorio del cumplimiento de todas las normas que se han ido dictando en materia de corrupción